La Guardia Civil cifra en un millón de euros la estafa de las autocaravanas. La operación se salda con 27 detenidos y la inmovilización de 33 vehículos que no son aptos para la circulación.
La Guardia Civil ha cifrado provisionalmente en un millón de euros la presunta estafa en la venta de autocaravanas que no eran aptas para la circulación, según comunicó ayer la Comandancia de Alicante en una nota de prensa. Los detenidos finalmente en esta operación son 27: 21 trabajadores de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Benidorm y Alicante, el gerente de la mercantil que comercializó los vehículos, con sede en la segunda ciudad, y 5 ingenieros técnicos industriales.
Como ya publicó este diario, entre el personal de ambas estaciones figuran sus respectivos directores, que son sospechosos de haber dado el visto bueno a las autocaravanas pese que habían resultado gravemente dañadas y suponen un riesgo para los conductores y el resto de usuarios de las carreteras.
Según fuentes próximas al caso, los operarios interrogados confesaron que cumplían órdenes de sus jefes. Todos los arrestados, de nacionalidad española y de entre 22 y 60 años de edad, se encuentran en libertad provisional a la espera de ser llamados a declarar como imputados por delitos de falsedad documental, el juez de Alicante Manrique Tejada, que instruye este sumario.
El magistrado ya tiene en su poder un informe del Instituto Armado donde se detallan las irregularidades apreciadas y toda la información sobre los vehículos aportadas por la Dirección General de Tráfico e incluso por la Interpol.
Aunque inicialmente se habló de 80 vehículos defectuosos, los investigadores han inmovilizado por ahora 33. Todos ellos resultaron siniestro total junto con otros 379 caravanas y autocaravanas el 6 de septiembre de 2008 durante unas inundaciones registradas en el sur de Francia. El agua dañó sus estructuras interiores, compuestas sobre todo de madera que acabaría pudriéndose con el tiempo.
Las matrículas y las chapas con los números de identificación y contraseñas de homologación fueron retiradas y los largueros que sujetan el suelo de los habitáculos fueron partidos por la mitad. Las autocaravanas fueron adjudicadas luego para ser desguazada y revendidas sus piezas a una empresa de la República Checa. Pero la mercantil soldó los largueros, colocó de nuevos los números de identificación mediante pegatinas y troquelados y las puso otra vez a la venta.
Un empresario alicantino compró 33 vehículos de esa partida por 9.000 euros cada uno sin recibir la correspondiente factura con IVA, la garantía y el certificado de conformidad exigible en estos casos, según se recoge en el comunicado de prensa difundido ayer.
En España fueron matriculados de nuevo, para lo que tuvieron que pasar varios trámites e informes favorables que nunca deberían haber obtenido al no ajustarse a la normativa nacional ni a la europea. Por esa razón, cinco ingenieros que actuaron como peritos han sido imputados en la causa.
Supuestamente, expidieron 27 tarjetas de inspección falsas a partir de unas fichas confeccionadas antes por un colega de profesión que no estaba facultado para ese trámite, pues el que había importado la mercancía era una empresa y no los propios compradores a título particular. De hecho, tres de esas fichas vulneraban una directiva europea que exige la homologación de esos vehículos foráneos a través de un laboratorio acreditado en España.
Ese fue el paso previo a las inspecciones realizadas en las ITV de Benidorm y Alicante, cuyo personal expidieron las tarjetas favorables aunque las anomalías están consideradas como graves en el manual de procedimiento que utilizan estas estaciones técnicas.
Los compradores hicieron sus pedidos por Internet y pagaron entre 35.000 y 40.000 euros por cada autocaravana cuando su precio de mercado oscila entre 42.500 y 56.000 en función del modelo, lo que eleva el montante a 1.050.000 euros. Muchos de los afectados por el fraude están en contacto a través de las redes sociales.
El gerente de la empresa vendedora está acusado de estafa porque vendió los vehículos como nuevos, sin matricular y sin kilómetros a pesar de no ser válidas para la circulación. La operación policial se ha desarrollado en 17 provincias españolas y ha contado con la colaboración de la Conselleria de Industria, el Ministerio de Industria y un organismo autonómico denominado Seguridad y Promoción Industrial Valenciana. (Manrique C. Sanchez. Alicante 21.04.11).
